Consecuencias de la sentencia europea sobre los desahucios

Martillo de juez

Hoy nos despertamos con la mediática noticia de que el Tribunal de Justicia de la UE ha aprobado una sentencia que dictamina que en España se contravienen en los procesos de ejecución hipotecaria (desahucios) la normativa europea de protección al consumidor.

No obstante, la desbordante alegría que acompañó a los primeros momentos del conocimiento de esta noticia no debe ser, al menos, tan efusiva si nos detenemos a analizar un poco más profundamente su letra. Y es que, en el fondo, y aun cuando se reconozcan esos fallos en la Ley Hipotecaria española actual, esta Sentencia no declara a nuestra Ley ni ilegal ni abusiva, lo que quiere decir que al menos a corto plazo no se paralizarán los desahucios tal y como se reclama desde diferentes plataformas sociales.

En realidad, básicamente, esta Sentencia sí ofrece mayores motivos al deudor para oponerse a la ejecución forzosa de la vivienda, pero, siempre que éste, el deudor, invoque e inicie un proceso de reclamación contra dicho procedimiento por la existencia de cláusulas abusivas en su contrato.

Hecho ésto, entonces sí, el juez podrá suspender cautelarmente, de forma provisional (temporal) el procedimiento. El juez podría, en determinados casos, actuar de oficio en el momento en que detecte estas cláusulas, aunque estos casos serán menores, por pura lógica administrativa, y a posteriori.

Hasta ahora, la Ley Hipotecaria no permitía a un juez paralizar un desahucio pues el estudio de si existían cláusulas abusivas que perjudicaran abiertamente al deudor debía realizarse en un juicio aparte de todo el procedimiento de ejecución. Actualmente este procedimiento de ejecución es relativamente rápido por lo que en la mayor parte de los casos la entidad financiera procede a desahuciar al deudor y si, posteriormente, en el juicio paralelo el tribunal fallase a favor del deudor, la entidad bancaria estaba obligada a indemnizarle por daños y perjuicios bien económicamente bien con otra vivienda. Sea como fuere, con la legislación española actual, el deudor perdía su vivienda.

La Sentencia ha admitido que esta «garantía» de indemnización es insuficiente para el deudor hipotecario, dado que el que te den una indemnización no resarce de haber perdido la vivienda.

Con este fallo del Tribunal europeo es el mismo juez que lleva el proceso de desahucio el que puede dictaminar si es legal o no, bien de motu propio, bien mediante denuncia del interesado, con lo que automáticamente podría paralizar el proceso de desahucio antes de éste.

España tendrá por tanto que modificar algunos puntos de su legislación hipotecaria y, por su parte, eso sí, los Bancos habrán de ser mucho más cuidadosos con la redacción de los contratos hipotecarios, lo que permitirá que cliente y entidad negocien con mayor igualdad las condiciones del préstamo. Evidentemente, esta supuesta «pérdida de control» y mayor riesgo a asumir por el Banco, podría traducirse también en mayores tipos de interés hipotecarios, aunque ésta última será una cuestión por ver en próximas fechas, a medida que se vayan implementando las modificaciones en la Ley.

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