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Zapatero y De la Vega

“Donde dije digo, digo Diego”, reza el refrán. Una vez más, el Gobierno español ha tenido que dar marcha atrás en sus políticas, esta vez “empujados” por los estamentos europeos que han visto en España otro futuro foco de tensiones económicas para el Viejo Continente. “Cuando veas las barbas del vecino quemar, pon las tuyas a remojar”. Más refranes para explicar lo que todo el mundo, menos el Gobierno, parecía ver. Y es que la grave crisis económica en Grecia ha sido el detonante para que al fin se tomaran las medidas oportunas (lo de si son correctas, ya se verán) en España ante la crisis económica cuyo principales faros son el déficit galopante y una tasa de paro que supera el 20%.

Ahora, tras meses de advertencias por todos los estamentos económicos, finalmente, Zapatero pide a toda la sociedad que se sea solidario y nos ajustemos el cinturón. Y para ello nada mejor que aplicar una batería de políticas que suponen un fuerte recorte social para reducir ese déficit y que afectará, entre otros, a funcionarios y pensionistas.

Este paquete de medidas se centran, principalmente, en:

  • Reducción de las retribuciones del personal perteneciente al sector público (funcionarios) en un 5%
  • Eliminación del cheque-bebé de 2.500 euros.
  • Suspensión de la revalorización de las pensiones para el 2011
  • Rebaja del salario de los miembros del Gobierno en un 15%
  • Rebaja del gasto farmacéutico
  • Eliminación de la retroactividad de la ley de dependencia

Respecto de la congelación de la subida de las pensiones para el 2011, se excluyen de esta medida las no contributivas y las pensiones mínimas.  Con esta medida, además, se pone fin a 25 años consecutivos de subidas garantizadas de pensiones por ley.

También habrá un ntorio cambio en la ley de dependencia ya que se eliminará la retroactividad de aplicación de la ley de modo que no se recibirá la prestación desde el momento en que se pide, sino desde el momento en que se aprueba. El riesgo está en el retraso de la administración apra la aprobación que actualmente conlleva meses y meses de arduos papeleos. En este caso en concreto, paralelamente se ha establecido un tiempo máximo de 6 meses para que la prestación sea concedida o no.

“Un esfuerzo especial, singular y extraordinario” es lo que nos piden desde el Gobierno. Estamos de acuerdo: ahora, ya, sólo nos queda arrimar el hombro a todos. Lo lamentable es que durante tantos meses se haya hecho oidos sordos a tantos y tantos indicadores que apuntaban a la actualidad económica de España como una de las peores de Europa y a que una buena parte de las políticas económicas adoptadas eran erróneas. Ahora, después de tantos gritos y lamentos provenientes de una buena parte de la sociedad, de los sindicatos, de las empresas y comerciantes y de la gran mayoría de los estamentos europeos, somos todos, la sociedad en su conjunto, quienes una vez más pagamos los errores de quienes han estado ciegos y sordos.

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