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El Consejo de Ministros ha acordado hoy un paquete de medidas para luchar contra el paro que no cuenta con el apoyo de los agentes sociales. Ni los sindicatos, ni la patronal han llegado a ningún acuerdo con el Ejecutivo en la mesa del diálogo social por considerar las medidas insuficientes. Sin embargo, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que las medidas sí seran efectivas y, en consecuencia, las tramitarán de urgencia mediante un Decreto Ley para que puedan entrar en vigor durante el 2009.

Las acciones que plantea el decreto son diversas y van desde el refuerzo de la protección a beneficios fiscales. De la Vega ha anunciado que el INEM recibirá más recursos para atender a los parados. 1.000 nuevos trabajadores se sumaran a los 1.415 que entraron en el INEM el año pasado para formar parte de la plantilla fija ante la previsión del aumento de carga de trabajo.

Otra medida tomada por el Gobierno contempla que los empleados afectados por un ERE puedan trabajar en otra actividad mientras la situación de su empresa esté en el aire. Además, se han aprobado medidas ya conocidas como que las empresas reciban bonificaciones de la cuota empresarial a la Seguridad Social del 100% siempre que contraten a parados, mientras que si contratan a trabajadores afectados por un ERE, el descuento será del 50%. Además, las empresas se podrán beneficiar de la posibilidad de fraccionar o aplazar el pago de las cuotas de la Seguridad Social para poder seguir desarrollando su actividad si son empresas viables.

Otras medida destacable es la creación de una nueva línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para las medianas empresas que les ayudará con la tesorería (el dinero para el día a día). Los requisitos para acceder a este crédito son ser una empresa solvente y viable, así como haber creado o mantenido el empleo durante 2009.

La CEOE, si bien considera que el conjunto de medidas pueden frenar de forma coyuntural la destrucción de empleo, no están de acuerdo con ellas. En especial, discrepan sobre las bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social y el impulso de la contratación parcial. Por su parte los sindicatos creen que el Gobierno se queda corto y que las medidas no van en la dirección adecuada para resolver los problemas de fondo de la economía española.

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